La economía no es la excusa
Por Javiera Petersen, subdirectora OPES.
Desde que se registró el primer infectado con COVID-19 ha pasado casi un mes. Las cifras de infectados/as aumentan peligrosamente todos los días. A pesar de esto, medidas más severas de aislamiento social aún no se anuncian en el país. Chile y Brasil registran (hasta el momento) el mayor número de infectados en la región, países que no han implementado cuarentena total y obligatoria. Si bien no es momento para atribuir causalidades, lo es para cuestionar medidas. Más aún cuándo éstas arriesgan a trabajadores y trabajadoras, quienes para no perder sus empleos deben utilizar un sistema de transporte colapsado para ir a sus trabajos, mientras los adultos mayores hacen filas con mascarillas improvisadas para pagar sus cuentas (el 55,4% de los hogares compuestos solo por adultos mayores no tiene acceso a internet[1]).
El llamado del Gobierno es: “en la medida de lo posible, no salgas”. Es fácil medir esa posibilidad: el 70% de los ocupados ganan menos de $560.000[2], el 66,4% de los hogares del país está endeudado[3], y la gran mayoría de los chilenos y chilenas no tiene capacidad de ahorro. El no salir a trabajar no es posibilidad sin un real apoyo económico. Estas cifras no son nuevas, pero pareciera que el Ministro Briones no las conociera o las omitió cuando diseñó el plan económico, el cual pretende proteger los ingresos laborales de los asalariados a través de una garantía que solo se activa cuando (a) “exista acuerdo mutuo con su empleador”; (b) haya un mandato de la autoridad sanitaria”. La medida para los trabajadores informales – en Chile el 30,4% según el INE y cerca de un 40% según la OIT – llama aún más la atención: un bono de $50.000
Así, el plan económico del Gobierno es absolutamente insuficiente ya que no cumple con una función esencial: entregar seguridad económica a las y los trabajadores. Esta seguridad es una condición necesaria para que se adopten las medidas de salubridad que las y los expertos plantean para evitar una crisis similar a la de España e Italia. Como Observatorio de Políticas Económicas desarrollamos un plan económico alternativo que se hace cargo de los ingresos de todas y todos los trabajadores[4]. Nuestra propuesta se basa en un Estado que actúa como “pagador de última instancia”. Los economistas Emmanual Saez y Gabriel Zucman, promotores de esta estrategia, señalan que hoy el mensaje más importante que deben entregar las autoridades económicas es: “No despidas a tus trabajadores ni cierres tu negocio. El gobierno pagará a tus trabajadores inactivos y los costos de mantenimiento necesarios mientras tu no puedas producir. El dinero del Gobierno ya viene[5]”. Los mismos autores notan que mientras escribían su artículo (publicado el 19 de marzo), varios países europeos se movían en esa dirección, siendo Dinamarca y Francia ejemplos destacados de un Estado que actúa como pagador de última instancia.
El álgido debate económico en estos tiempos de pandemia ha instalado ideas, consensos y políticas que escapan por completo a las respuestas que puede dar la ortodoxia neoclásica dominante hace solo meses. Un buen ejemplo es que hoy establecer un ingreso básico universal es un elemento abierto a discusión. Por su parte, Jordi Gali (economista del MIT), argumenta que si la crisis del COVID-19 se prolonga por varios meses los países tendrán problemas para continuar emitiendo deuda y así poder seguir financiando medidas económicas como las sugeridas por Saez y Zucman. Dado esto, lo óptimo sería que los Bancos Centrales transfirieran dinero al Gobierno y luego éste, transfiriera directamente a las empresas y/o familias, una intervención conocida como “tirar dinero desde un helicóptero”[6]. Sí, la propuesta es tirar dinero desde un helicóptero.
El problema aquí, es que Chile tiene una economía abierta solo para capitales, porque está completamente cerrada para otras formas de pensar la disciplina. En nuestro país, la idea de un Estado que actúe como pagador de última instancia o un Banco Central que deposite dinero a las familias son posibilidades que están lejos de lo imaginable por el establishment económico. Lo relevante de esto es que la crítica al dogmatismo económico, que hasta hace un tiempo parecía terreno meramente académico, hoy puede determinar las consecuencias que tendrá el COVID-19 en el país. Esto se evidencia también en la gestión misma de la crisis que se vive: desabastecimiento de mascarillas, alcohol y remedios; falta de planificación en el programa de vacunación para la influenza; peticiones voluntaristas de aislamiento social; alza de precios en test y ventiladores mecánicos. Numerosas fallas que rozan lo ridículo son la norma en un Estado al que se le arrebató la capacidad de organizar no solo la economía, sino que el funcionamiento del país en crisis como la que vivimos.
Llegados a este punto, la alternativa es simple; continuamos las reglas del libro que ha guiado la economía del país los últimos 40 años o buscamos alternativas. La diferencia entre estas opciones es la urgencia que hoy vivimos. No solo se arriesgan cifras de inversión o inflación, sino que se compromete el número de personas contagiadas, el abastecimiento de camas y ventiladores mecánicos en el sistema de salud, el aumento de la pobreza los próximos meses. La disputa por la forma de hacer economía pocas veces ha sido más política.
[1] IX Encuesta Acceso y Uso Internet, SUBTEL, 2019.
[2] Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), INE, 2018.
[3] Encuesta Financiera de Hogares (EFH), Banco Central de Chile, 2017.
[5] “Do not lay off your workers or liquidate your business. Government will pay your idle workers and your necessary maintenance costs while you are shutdown. Government money is coming soon.”. Emmanuel Saez y Gabriel Zucman. (marzo del 2020). Keeping Business Alive: The Government Will Pay. Policy Brief 20, Economics for Inclusive Prosperity.
[6] Jordi Gali (marzo del 2020) “Helicopter Money: The Time is Now”. Economics for Inclusive Prosperity.