Por qué el gran empresariado celebra con la Reforma Tributaria de Piñera
Por Nicolás Bohme, director ejecutivo OPES
Una reforma tributaria en que los más ricos se ahorrarán US$800 millones en impuestos, los que alcanzarían para subir en $70.000 la pensión básica solidaria.
Una “modernización tributaria” que beneficiará a las pequeñas y medianas empresas. Así fue presentada la reforma tributaria del Gobierno. Paradójicamente, quienes se mostraron más satisfechos con el anuncio fueron los grandes empresarios. En palabras de Bernardo Matte (presidente de la Sofofa), la propuesta “es un beneficio para todos los que quieren iniciar el camino del emprendimiento”.
En Chile conviven varios regímenes tributarios. Reintegrar el sistema, el cambio más significativo de la reforma, modifica la situación del 10% de las empresas: las que actualmente están en el sistema semi integrado. Si bien algunas Pymes eligieron este régimen, la gran mayoría de ellas se encuentra en el sistema atribuido y en el régimen especial para este segmento de empresas (14ter). Así, el 80% de las ganancias de la eventual reforma serían para las grandes empresas. Según cálculos del propio Ministerio de Hacienda, sus dueños recibirán una transferencia neta desde las arcas fiscales de US$800 millones, lo que alcanzaría, por ejemplo, para reajustar la Pensión Básica Solidaria en $70.000.
Reintegrar el sistema implica volver a la situación existente previo a la reforma tributaria del 2014. Para entenderlo, es necesario explicar brevemente la diferencia entre un sistema desintegrado y uno integrado. En un sistema desintegrado, tanto las empresas como las personas naturales pagan impuestos de manera separada. En un sistema integrado, solamente las personas naturales deben hacerlo. El impuesto corporativo es un mero adelanto de lo que posteriormente pagará el propietario de la empresa. Si se repone este sistema, el gran empresariado verá una significativa reducción de su carga tributaria.
La derecha, que alza las banderas de la modernización, no considera que la mayoría de las economías capitalistas avanzadas tienen sistemas desintegrados, por varias razones. Primero, gran parte del quehacer del Estado es intensamente utilizado por las empresas: carreteras e infraestructura en general, seguridad pública, sistema judicial, entre otros. Segundo, integrar implica equiparar el tratamiento tributario de ingresos provenientes del trabajo y el capital, siendo que los segundos se derivan de una situación patrimonial privilegiada cuyo factor determinante es la cuna. Tercero, en términos prácticos los sistemas integrados abren enormes espacios para la evasión y elusión. El mecanismo más simple es diluir artificialmente la propiedad entre los miembros del grupo familiar, con el objetivo de situarse en tramos de menor carga impositiva. Así lo hace, por ejemplo, el clan Piñera, con hijos y nietos siendo formalmente dueños del patrimonio que todos saben pertenece el Presidente de la República.
Existe un agravante. El ahorro empresarial será compensado con impuestos al consumo, altamente regresivos ya que las personas de menores ingresos suelen consumir prácticamente la totalidad de sus ingresos, mientras que los sectores de mayores ingresos tienen mucho espacio para ahorrar. Además, es altamente probable que lo recaudado por esta vía no alcance a igualar el monto transferido a los más ricos, dejando al Estado en una difícil situación desde el punto de vista de su sostenibilidad financiera.
En suma, el Gobierno ha presentado una reforma tremendamente regresiva e irresponsable desde el punto de vista fiscal. Pocas veces queda más claro quiénes ganan y quiénes pierden cuando la derecha llega al poder.