Pensiones y competencia en las AFP

Señor Director: 

Los últimos avances de la reforma de pensiones han puesto en evidencia que las AFP no se acabarán en el corto ni mediano plazo. Así lo han dicho muchos que consideran que esto consolida el sistema de capitalización individual al destinar el 4,5% del 7% de cotización adicional a los fondos privados. En suma, las AFP reafirman su posición en el mercado de capitales, cuyos activos representan un 62% del PIB según el Banco Central. En una dinámica viciosa en la que el estado financia más de dos tercios de las pensiones, y que junto a los aportes de los afiliados representan más del 80% del incremento de los fondos desde su creación, la rentabilidad propia del mercado tiene un rol marginal.. 

¿Qué queda por hacer entonces? Asumiendo que continuarán, una de las respuestas es atacar la poca competencia que existe entre las 7 administradoras actuales. Ciertamente es un problema considerando la institucionalidad en la asignación de afiliados que incentiva la inercia a no cambiarse de fondo o AFP, y que estas invierten cerca del 27% de los fondos en sólo 10 grupos económicos (dentro de los que lidera el grupo Luksic). Frente a este escenario, la reforma propone la introducción de un actor estatal, denominado Inversor de Pensiones del Estado (IPE S.A.), que además de aumentar la competencia pretende ampliar la cobertura a independientes, mujeres y trabajadores de bajos ingresos, que entrará al parlamento en marzo según la ministra Jara. Esto se complementa con la propuesta del mecanismo de licitación de hasta el 10% de la cartera de afiliados, lo que hace uso de la típica “libre elección” para cambiarse, que sabemos es irreal dada la complejidad informacional para tomar una decisión de “inversión” eficiente.

En resumen, se espera que el IPE impulse una mayor competencia en la industria de AFPs. Sin embargo, este cambio debe complementarse con mayor transparencia en la información y una mejor educación financiera para los trabajadores. Solo así podrán hacer uso de un sistema que, aunque calificado como eficiente y privado, requiere constantes aportes estatales para ofrecer tasas de reemplazo decentes. 

Isaí Guzmán 

Economista, investigador de OPES.