AFP: un sistema para hombres
Por Trinidad Moreno y Diego Vidal, investigadores OPES
La lógica simplista dice que quien trabaja tiene derecho a una buena previsión y el que no, solo a la pensión asistencial. Pero eso perjudica a muchas mujeres, pues el sistema previsional considera como “trabajo” solo el remunerado y no la gran cantidad de trabajo NO pagado que ellas hacen y sin el cual los hombres no podrían hacer el suyo. En promedio, entre empleos pagados y gratuitos, diariamente trabajan 15% más que los hombres. Ello explica en parte la fuerte brecha en pensiones al momento de jubilar. Esta columna propone un subsidio cruzado –como en otros países- en que los hombres financien mejores pensiones para las mujeres y retribuyan el beneficio de la división sexual del trabajo.
La lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres ha alcanzado gran notoriedad durante los últimos años. Su expresión más visible está en las masivas manifestaciones contra la violencia de género y las victorias, en materia de salud sexual y reproductiva de la mujer, como la reciente aprobación del proyecto de despenalización del aborto en tres causales.
Sin embargo, el debate en torno al acceso equitativo de las mujeres a derechos sociales básicos, como la salud y la seguridad social, sigue siendo deficiente. Un claro ejemplo de ello es la actual discusión respecto a las reformas al sistema de pensiones que, a pesar estar pasando por su momento más álgido desde su creación en 1981, sigue mostrando una preocupante superficialidad en sus respuestas a los problemas de género. Esto, pese a que el informe final de la Comisión Bravo constató que, si bien las pensiones autofinanciadas entre 2007 y 2014 fueron de $125.975 en promedio, la diferencia entre hombres y mujeres fue sustancial: mientras el promedio de pensión autofinanciada de los hombres alcanzó $183.698, el promedio de las mujeres llegó solo a $80.204.
Las propuestas actuales para solucionar esta brecha apuntan a incentivar la participación de la mujer en el mercado del trabajo. Y si bien políticas de ese tipo podrían tener un efecto positivo sobre la capacidad de las mujeres para ahorrar para su vejez, probablemente ese efecto sería acotado pues el comportamiento de las mujeres en el mundo laboral es afectado por dinámicas muy complejas relacionadas con su trabajo al interior del hogar.
En efecto, los datos sobre participación laboral femenina muestran que, más que una carga laboral menor, las mujeres enfrentan una carga laboral de distinta composición, cada vez más inclinada hacia el trabajo remunerado pero donde sigue siendo preponderante el trabajo no remunerado al interior del hogar.
Según datos de la “Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2015”, si bien las mujeres dedican en promedio casi una hora menos al día al trabajo remunerado, destinan cerca de 3 horas y media más que los hombres al trabajo no remunerado, en el cual se incluye trabajo doméstico, cuidados y apoyo a otros hogares, trabajo comunitario y voluntario.
Esto tiene como consecuencia que las mujeres, en promedio, trabajan más horas que los hombres. Si se considera el total de trabajo durante un día la diferencia es de 15,3%.
Esta “doble carga” de trabajo de la mujer se produce en la medida que comienza a dedicar más tiempo al trabajo remunerado, pero no disminuye proporcionalmente el tiempo dedicado al trabajo dentro del hogar.
Proponer entonces incentivos a la participación de la mujer en el mercado laboral como solución para la brecha en pensiones es profundamente simplista, pues ignora la mayor carga laboral que ya enfrentan.
Medidas de este tipo solo puedan ser efectivas si, paralelamente, se produce un traspaso de la carga de trabajo no remunerado hacia los hombres, fenómeno que, a pesar de ser una disputa histórica del movimiento feminista, ha tenido avances sumamente acotados.
Por lo tanto, la única manera de atacar de raíz el problema de la brecha en pensiones, sin optar por el camino utilizado hasta el momento de establecer solo pisos mínimos a través de pensiones asistenciales es, primero, aceptar el peso que tiene la división sexual del trabajo, que se expresa en la concentración de las mujeres en actividades no remuneradas. Y segundo, disputar la valoración económica del aporte del trabajo no remunerado en el sistema previsional.
Siguiendo el ejemplo de algunos países desarrollados, es posible generar “créditos previsionales” que transformen en pensiones el tiempo dedicado a tareas relacionadas con la maternidad, la crianza, el cuidado de enfermos y adultos mayores, y en general todo el trabajo realizado al interior del hogar de manera no remunerada.
Un ejemplo destacado de este tipo de créditos lo ofrece Alemania, en donde a la persona responsable del cuidado de sus hijos hasta los tres años se le otorga un “punto de pensión”, lo que equivale a la jubilación que obtiene un trabajador que ha cotizado por el salario medio[1].
Esta política se puede extender hasta que los hijos cumplan diez años en el caso de que el padre o la madre tengan, durante ese periodo, empleos parciales o bajos salarios. Existe, además, la posibilidad de obtener créditos por el cuidado de otros familiares en caso de invalidez.
Suecia, otro país pionero en este tipo de políticas, ofrece distintas alternativas de créditos previsionales para las familias con hijos de hasta cuatro años que permiten, en caso de que uno de los padres se retire del mercado laboral para dedicarse al cuidado, obtener “créditos previsionales” cuyo monto se calcula considerando el 75% del ingreso medio[2], o los ingresos propios previos, según le convenga a cada persona.
Es muy relevante que estos créditos tengan un carácter universal y, sobre todo, que se financien con las cotizaciones del sistema y no a través de impuestos generales, a diferencia de lo que ocurre hoy con el Bono por hijo. De este modo, el crédito que se propone aquí ayudaría a terminar con la lógica subsidiaria del Estado en el sistema de seguridad social e implantaría un tipo de solidaridad inter-género, que llevaría al sistema a redistribuir derechos desde aquellos que son favorecidos por la división sexual del trabajo hacia aquellos que no lo son, estableciéndose así criterios de justicia y equidad, y valorando el trabajo socialmente necesario realizado en mayor medida por las mujeres.
La redistribución material que implicaría esta medida permitiría así compensar, al menos en parte, las numerosas limitantes que el actual sistema social y cultural impone al desarrollo laboral y social pleno de la mujer, impidiendo que éstas, además, mermen su bienestar durante la vejez.
Un crédito como este, en la práctica, hace que un porcentaje de la pensión final de las mujeres que hacen trabajos no remunerados deje de depender de cuanto estas aportan directamente al sistema. Comúnmente se argumenta que reformas que debilitan la relación entre aportes al sistema y pensiones finales pueden generar incentivos a la informalidad. Sin embargo, estudios sobre la reforma previsional de 2008 en Chile, que entre otras cosas estableció el Bono por Hijo y la Pensión Básica Solidaria que beneficia principalmente a las mujeres, muestran que dicho efecto es más bien acotado [3]. Asimismo, evidencia internacional muestra que este tipo de créditos son compatibles con la participación de los hombres en el trabajo no remunerado, incluso en niveles superiores al promedio de los países desarrollados[4].
Una propuesta de este tipo implicaría necesariamente cambiar la naturaleza misma del sistema previsional existente en Chile, pasando de una lógica individualista a una que permita la solidaridad y el aseguramiento colectivo de la vejez.
En esta línea, y dado que solo con capitalización individual no es posible generar mecanismos de solidaridad, nuevos componentes del sistema, como el ahorro solidario intrageneracional que propuso el gobierno a comienzos de año podrían considerar en su diseño créditos previsionales que reconozcan, al menos, el tiempo dedicado al cuidado de terceros. Es decir, se podrían repartir esos fondos considerando el costo que tiene la división sexual del trabajo. Esto se podría ejecutar incluyendo en el número de cotizaciones anuales no solo los meses cotizados sino también aquellos dedicados a tareas de cuidados.
El mayor desafío técnico que implicaría una propuesta de este tipo es la identificación de la carga de trabajo no remunerado realizada por cada persona y la cuantificación de su valor. Sin embargo, es factible generar estudios al respecto, y a través de instrumentos como el Registro Social de Hogares, identificar aquellos en los que se están realizando estas tareas y asignar luego los créditos previsionales a quien corresponda. Para eliminar los incentivos a sobre declarar el número de personas que se dedica al trabajo doméstico no remunerado, los créditos por hogar podrían ser fijos para repartir entre los miembros del mismo, para que así la sobre-declaración solo disminuya los beneficios de cada uno.Esto quiere decir que si en un hogar dos personas dicen, por ejemplo, estar cuidado de niños, un solo crédito se repartirá entre las dos personas.
Una reforma al sistema que permita las transferencias solidarias tiene entonces una doble connotación para las mujeres que hoy son víctimas de la explotación en un sistema económico, social y cultural cuyas políticas públicas ignoran las problemáticas específicas que ellas enfrentan porque son hechas para hombres.
Es tarea pendiente entonces no solo disputar que las nuevas políticas públicas tengan espacio para la solidaridad entre distintos niveles de ingresos, sino también que le den la misma importancia al reconocimiento del trabajo de las mujeres con la profundidad que un desafío de estas dimensiones merece. Solo así se estarán disputando sistemas que aseguren derechos realmente universales, justos y equitativos para todos los miembros de la sociedad.
Referencias
[1] El salario anual medio en Alemania durante 2016 fue de US$46.389, alrededor de $2.415.000 mensuales, según datos de la OECD). En Chile esto equivaldría a la cotización correspondiente a un salario de $517 mil, ingreso promedio según los datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2016.
[2] El salario medio en Suecia durante 2016 fue de US$42.816, alrededor de $2.230.000 mensuales, según datos de la OECD.
[3] Attanasio, O., Meghir, C., & Otero, A. (2011). Formal Labor Market and Pension Wealth: Evaluating the 2008 Chilean Pension Reform. Mimeo. Department of Economics, UCL.
[4] Volviendo a nuestros ejemplos, y según datos de la OCDE, Suecia y Alemania muestran indicadores de “tiempo ocupado” por los hombres en trabajo no remunerado superior al promedio de los países de esta organización. En concreto, los hombres de la OCDE dedican 137,6 minutos en promedio al día a trabajo no remunerado, mientras que en Suecia lo hacen por 154 minutos y en Alemania por 163,8 minutos al día.